NUEVA LEY DE APOYO A LOS EMPRENDEDORES


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1 NUEVA LEY DE APOYO A LOS EMPRENDEDORES La presente Ley 14/2013, que ha entrado en vigor el 29 de septiembre de 2013, con excepciones, frente a la actual situación de destrucción de tejido empresarial y la importante disminución del número de jóvenes empresarios, intenta ofrecer reformas que persiguen corregir los problemas estructurales del entorno empresarial, fomentando la actividad empresarial y el autoempleo. Con dicho objeto, la ley contempla y desarrolla nuevas figuras mercantiles más flexibles y ágiles, y crea nuevos instrumentos para financiar la internacionalización, elimina cargas en el ejercicio de cualquier actividad y obstáculos para acceder a la contratación pública. En la misma línea, incluye una serie de medidas fiscales que persiguen favorecer el crecimiento económico. TÍTULO I. APOYO A LA INICIATIVA EMPRENDEDORA El Título I contiene diferentes medidas en diferentes ámbitos, para incentivar la cultura emprendedora y facilitar el inicio de actividades empresariales. En primer lugar, en el Capítulo I, se intentar abordar y paliar el problema que implica la alta tasa de desempleo juvenil, incorporando medidas para que los jóvenes adquieran, a través del sistema educativo las competencias y habilidades emprendedoras, incentivando para ello la cultura emprendedora desde la Educación Primaria hasta la Universitaria (para lo que se contempla la necesidad de formación del profesorado, en materia de emprendimiento, ya que será el encargado de posibilitar la eficacia de dichas medidas). A tal efecto, también se prevé la estimulación del espíritu emprendedor a través de la posibilidad de elección de las trayectorias educativas más idóneas orientadas al fomento del talento. Persiguiendo este objetivo, se desarrolla en la Disposición Adicional 9ª la herramienta pedagógica denominada miniempresa o empresa de estudiantes, que deberá desarrollarse reglamentariamente, y a través de la cual se permiten transacciones económicas y monetarias, la emisión de facturas y abrir cuentas bancarias. Estas miniempresas o empresas de estudiantes tendrán una duración limitada a un curso escolar, prorrogable a un máximo de dos, transcurridos los cuales deberán liquidarse. En el Capítulo II se crea una nueva figura denominada Emprendedor de Responsabilidad Limitada (ERL), a través de la cual la responsabilidad derivada de las deudas empresariales de una persona física, con independencia del tipo de actividad, no afectará a su vivienda habitual siempre que su valor no supere los euros, valorada conforme a lo dispuesto en la base imponible del ITP y AJD en el momento de

2 la inscripción en el Registro Mercantil (valor que se incrementará con el coeficiente 1,5 si la población en que se encuentra tiene más de de habitantes). Se extrae así, la vivienda habitual de estas características, de la esfera de responsabilidad por las deudas contraídas en el ejercicio de cualquier actividad profesional o empresarial. Esta limitación de responsabilidad se condiciona a la inscripción del emprendedor en el Registro Mercantil correspondiente a su domicilio, donde habrá de indicarse el bien inmueble, propio o común, que se pretende no quede afecto y a la publicidad a través del Registro Mercantil y el Registro de la Propiedad. Esta limitación no será aplicable cuando se trate de deudas de derecho público, como pueden ser las de Seguridad Social, y en este supuesto para ejecutar el embargo de la vivienda habitual del ERL, deberán darse las siguientes requisitos: 1. Que no se conozcan otros bienes del deudor con valoración conjunta suficiente susceptibles de realización inmediata en el procedimiento de apremio. 2. Que entre la notificación de la primera diligencia de embargo del bien y la realización material del procedimiento de enajenación del mismo medie un plazo mínimo de 2 años. Este plazo no se interrumpirá ni se suspenderá en los supuestos de ampliaciones del embargo originario o de prórroga de las anotaciones registrales. Este plazo de 2 años, será aplicable igualmente a los autónomos afectados por un procedimiento administrativo de ejecución de deudas, ampliándose el plazo establecido a tal efecto de uno a dos años. En el Capítulo III se desarrolla una nueva figura societaria, la Sociedad Limitada de Formación Sucesiva, para cuya constitución no se precisará un capital mínimo y, mientras no se alcancen los euros requeridos para la constitución de una sociedad de responsabilidad limitada, ésta quedará sujeta al régimen jurídico de las SRL pero cumpliendo determinadas obligaciones, dirigidas a garantizar una adecuada protección a terceros: 1. Deberá destinarse a la reserva legal una cifra al menos igual al 20% del beneficio del ejercicio sin límite de cuantía. 2. Una vez cubiertas las atenciones legales y estatutarias, sólo podrán repartirse los dividendos a los socios si el valor del patrimonio neto no es o, a consecuencia del reparto, no resultara inferior al 60% del capital legal mínimo. 3. La suma anual de las retribuciones satisfechas a los socios y administradores no podrá exceder del 20% del patrimonio neto del ejercicio correspondiente, sin perjuicio de la retribución que les pueda corresponder como trabajador por cuenta ajena de la sociedad o por la prestación de servicios profesionales.

3 4. En caso de liquidación, si el patrimonio de la sociedad fuera insuficiente para atender al pago de las obligaciones, los socios y los administradores responderán solidariamente del desembolso de la cifra de capital mínimo establecida para las SRL. El Capítulo IV introduce medidas para agilizar el inicio de la actividad emprendedora, entre ellas: Con el fin de unificar las múltiples ventanillas existentes, se crean los Puntos de Atención al Emprendedor PAE-, en organismos públicos o privados, incluidas las notarías, y puntos virtuales de información y tramitación telemática de solicitudes, cuyo objeto será facilitar la creación de nuevas empresas, el inicio efectivo de su actividad y su desarrollo, mediante la prestación de servicios de información, tramitación de documentación, asesoramiento, formación y apoyo a la financiación empresarial. Los PAE utilizarán el sistema de tramitación telemática CIRCE, debiéndose iniciar en ellos la tramitación del Documento Único Electrónico DUE-. Los PAE, que serán presenciales o electrónicos, podrán prestar todos o alguno de los servicios del PAE del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Durante el ejercicio de su actividad el emprendedor podrá hacer a través de los PAE cualquier otro trámite preceptivo asociado al desarrollo de su actividad ante las autoridades estatales, autonómicas o locales, incluidas la solicitud de autorizaciones y la presentación de comunicaciones y declaraciones responsables para la apertura de nuevos establecimientos o instalaciones. También se prevé la posibilidad de realizar por vía telemática y a través de los servicios dispensados por los PAE los trámites administrativos con ocasión del cese de la actividad. Dentro del capítulo V, que entra en vigor a los 20 días de la publicación de la Ley, se regula el acuerdo extrajudicial de pagos como mecanismo de negociación extrajudicial de deudas de empresarios. Su regulación se lleva a cabo a través de la modificación de la Ley Concursal e implica que aquellos empresarios, personas físicas o jurídicas, que se encuentren en una situación de insolvencia o que prevean que no poder cumplir regularmente con sus obligaciones, pueden solicitar la apertura de un procedimiento para alcanzar un acuerdo de pagos con los acreedores que se sustancia extrajudicialmente, y en plazos cortos, ante registradores mercantiles o notarios que designarán un mediador concursal que se asegurará del cumplimiento de los requisitos de publicación y publicidad registral necesarios para llevar a buen término el eventual acuerdo. El mediador impulsará los trámites del procedimiento y avanzará la propuesta a considerar para la consecución de un acuerdo, admitiéndose pactos de quitas de hasta el 25% de los créditos y de espera o moratorias de hasta 3 años.

4 La conclusión del procedimiento sin acuerdo o el incumplimiento constatado por el mediador servirá de tránsito al concurso, con sus especialidades. TÍTULO II. APOYOS FISCALES Y EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL A LOS EMPRENDEDORES En este apartado se recogen una serie de medidas fiscales y en materia de Seguridad Social, con el propósito de incentivar la pluriactividad y el afloramiento de las altas en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos. Apoyos fiscales: Se desarrollará en próximos boletines Apoyos en materia de Seguridad Social Reducción de las cuotas a la Seguridad Social de los trabajadores incluidos en el RETA en los casos de pluriactividad con jornada laboral a tiempo completo o a tiempo parcial superior al 50%, en los siguientes términos: Los trabajadores que causen alta en el RETA por primera vez y con ocasión de ella inicien una situación de pluriactividad, a partir de la entrada en vigor de esta norma, podrán elegir como base de cotización en ese momento, la comprendida entre el 50% de la base mínima de cotización durante los 18 primeros meses, y el 75% durante los siguientes 18 meses, hasta las bases máximas establecidas para el RETA. Los trabajadores en situación de pluriactividad con actividad laboral por cuenta ajena a tiempo parcial (con jornada laboral inferior al 50% de jornada a tiempo completo comparable), podrán elegir como base de cotización, en el momento del alta, la comprendida entre el 75% de la base mínima de cotización durante los primeros 18 meses, y el 85% durante los siguientes 18 meses, hasta las bases máximas establecidas para el RETA. Esta medida será incompatible con cualquier otra bonificación o reducción establecida como medida de fomento del empleo autónomo, así como con el derecho de los trabajadores autónomos que, en régimen de pluriactividad coticen por una cuantía igual o superior a la cotización máxima por contingencias comunes (11.633,68 euros para este año 2013) a la devolución del 50% del exceso de esta cantidad con el tope del 50 % de las cuotas ingresadas en el RETA, en razón de su cotización por las contingencias comunes de cobertura obligatoria. Reducciones a la Seguridad Social de los trabajadores por cuenta propia o autónomos de 30 años o más.

5 Aquellos autónomos que tengan 30 o más años de edad y que causen alta inicial en el RETA o que no hubieran estado en alta en los 5 años, inmediatamente anteriores a la fecha de efectos del alta, se podrán aplicar las siguientes reducciones sobre la cuota por contingencias comunes (cuota resultante de aplicar a la base mínima de cotización que corresponda el tipo mínimo de cotización vigente en cada momento, incluida la incapacidad temporal IT-), por un período máximo de 18 meses, en función de una escala: a) 80 % de la cuota durante los 6 meses inmediatamente siguientes a la fecha de efectos del alta. b) 50 % durante los 6 meses siguientes. c) 30 % de la cuota durante los 6 meses siguientes. Exclusiones: Los autónomos que empleen a trabajadores por cuenta ajena. Los trabajadores por cuenta propia que opten por esta vía, no podrán acogerse a las bonificaciones y reducciones de la disposición adicional 35ª de la LGSS. Se incrementan las reducciones y bonificaciones de cuotas a la Seguridad Social para las personas con discapacidad que se establezcan como trabajadores por cuenta propia. Aquellos discapacitados en grado igual o superior al 33% que causen alta inicial en el RETA podrán aplicarse una serie de reducciones y bonificaciones (sobre la cuota por contingencias comunes resultante de aplicar a la base mínima de cotización que corresponda el tipo mínimo de cotización vigente en cada momento, incluida la IT), que será conforme a la siguiente escala: a) Una reducción equivalente al 80 % de la cuota durante los 6 meses inmediatamente siguientes a la fecha de efectos del alta. Reducción que no podrá aplicarse el autónomo con discapacidad que emplee a trabajadores por cuenta ajena. b) Una bonificación equivalente al 50 % de la cuota durante los 54 meses siguientes. TÍTULO III. APOYO A LA FINANCIACIÓN DE LOS EMPRENDEDORES El Título III contiene medidas para impulsar el crédito. Entre otras: Se modifica la Ley Concursal en relación con los acuerdos de refinanciación, regulándose el procedimiento registral de designación del experto independiente que ha de verificarlos, y estableciéndose, una regla más flexible para el cómputo

6 de la mayoría del pasivo que suscribe el acuerdo y que constituye el requisito legal mínimo para su potestativa homologación judicial. Se crea una nueva herramienta financiera a emitir por las entidades de crédito: los bonos de internacionalización y las cédulas de internacionalización. TÍTULO IV. APOYO AL CRECIMIENTO Y DESARROLLO DE PROYECTOS EMPRESARIALES Simplificación de cargas administrativas: 1. Posibilidad de asumir directamente la prevención de riesgos laborales de los empresarios que ocupen hasta 25 trabajadores, siempre que se trate de una empresa con un único centro de trabajo. 2. Se elimina la obligación de que las empresas tengan, en cada centro de trabajo, un Libro de Visitas a disposición de los funcionarios de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, encargándose la Inspección del mantenimiento de esa información a partir del Libro de Visitas electrónico. Se introducen una serie de medidas para el impulso de la contratación pública con emprendedores, entre las que se encuentran la posibilidad de formar uniones de empresarios, la elevación de los umbrales para la exigencia de la clasificación, modificación de garantías, prohibición de la discriminación a favor de contratistas previos, etc. Se simplifican de los requisitos de información económico-financiera, flexibilizando las exigencias de contabilidad de aquellas empresas de menor dimensión. TÍTULO V. INTERNACIONALIZACIÓN DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA Se pone de manifiesto que la internacionalización de la economía española es una medida necesaria para la puesta en marcha de un motor clave del crecimiento económico a largo plazo, por su relación con la competitividad y los incrementos de productividad. Se intenta reforzar el marco institucional de fomento a la internacionalización, así como instrumentos financieros de apoyo. En lo relativo a la movilidad internacional, regula determinados supuestos en los que, por razones de interés económico, se facilita y agiliza la concesión de visados y autorizaciones de residencia, con el objeto de atraer inversión y talento a España.